La Ley de Competitividad e Innovación Industrial, aprobada por el Senado y aún a la espera de promulgación, nivela el terreno de juego entre las zonas

La Ley de Competitividad e Innovación Industrial, aprobada por el Senado y aún a la espera de promulgación, nivela el terreno de juego entre las zonas francas y los industriales, un espacio en el que por más de diez años, desde que se produjo el “boom” de las zonas francas, las empresas locales se manejaron en desventaja para competir con pocos incentivos.
La ley, promovida por el Consejo Nacional de Competitividad, abarca la actividad manufacturera y elimina algunos vicios del sistema arrastrados desde 1966. Representa un avance para el sector, agrupado en seis organizaciones principales: la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), la Asociación de Industriales de Haina (AIH) y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO).
Novedades
Entre las principales disposiciones de la ley está la reestructuración de la Corporación de Fomento Industrial (CFI), que ahora se denominará Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y pasará a ser el órgano aglutinador y representativo del sector, donde tendrán que registrarse las industrias (hasta ahora se hacía en Industria y Comercio).
Proindustria seguirá encabezado por el director ejecutivo, actualmente Rubén Bichara, quien responderá a un consejo integrado por las secretarías de Industria y Comercio, a la cabeza, de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD), el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), las direcciones de Aduanas, e Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y cinco representantes de las industrias nacionales elegidos por las asociaciones locales, que deben ser de regiones y de actividades manufactureras distintas, según el artículo 5 de la ley.
Con esto, la ley busca acercar a los actores público y privado del área industrial, empresas grandes y pequeñas, nacionales e internacionales, para que puedan conectarse y generar una fuerte cadena de producción.
La legislación crea un fondo de garantía bancaria para cubrir el porcentaje de pérdidas que las entidades financieras o crediticias estimen enfrentar en el conjunto de su cartera de pequeñas y medianas industrias (PYMIS). Establece el trato equivalente (artículo 24) entre los productos manufacturados localmente y los importados. Si una ley dominicana exonera de impuestos la importación de ciertos bienes y servicios, en esa misma medida quedarán desgravadas sus compras locales. Es decir, las industrias locales no tendrán que facturarle el impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) ni el selectivo a las zonas francas amparadas por leyes de incentivos.
El trato equivalente no implica un sacrificio fiscal para el Estado, de acuerdo con Elka Scheker, asesora del Consejo Nacional de Competitividad que participó en la elaboración de la ley. Las zonas francas protegidas por regímenes de incentivos no pagan impuestos por sus compras en otros países. “El trato equivalente favorece que las zonas francas compren a empresas que emplean dominicanos y pagan impuestos en el país, lo que resulta redituable para el Estado porque mantiene empleos y una fuente de riqueza nacional”. En la medida en que las empresas facturan más el Estado eventualmente percibirá mayores ganancias.
Por otro lado, la ley exime de impuestos a los parques industriales, como forma de reubicar las industrias y fomentar la asociación entre empresas pequeñas, hasta que empiecen a producir. Los considerará usuarios no regulados de la energía eléctrica y les permitirá comprar combustible directamente y a precio de terminal.
Durante los próximos cinco años la tarea de las industrias es organizarse, asociarse, capacitarse y equiparse con tecnología moderna para competir. Muchas fábricas trabajan con equipos de mediados de los 70, que consumen más energía y son menos productivos. Por eso, se permitirá la entrada libre de aranceles de maquinaria industrial que especifica la ley en su título. Además, se podrá depreciar aceleradamente y reducir el costo cuando declaren los impuestos. Por último, un 1% del valor de los activos no se le cobrará sobre la maquinaria nueva.